Ediles, abogados y empresarios firman por mantener los juzgados


 

Ediles, abogados y empresarios firman por mantener los juzgados

Entregaron en el TSJCYL de Burgos más de 3.600 firmas de los ciudadanos, así como un escrito pidiendo que no se quiten los actuales
 
 

M. M. / BurgosRepresentantes de la abogacía, del colectivo de procuradores, de varios ayuntamientos burgaleses, de la Cámara de Comercio briviescana, de los empresarios de Salas y de asociaciones ciudadanas, entre otras muchas entidades, presentaron ayer de forma conjunta las más de 3.600 firmas reunidas en contra de la desaparición de cuatro de los siete partidos judiciales de la provincia burgalesa. «Aunque continuaremos con la campaña mientras no se sepa la decisión definitiva, al menos hasta mediados de agosto», explicaba uno de los firmantes, el abogado salense Javier Lalanne, quien negó que «estos cambios traigan consigo ahorro y eficiencia, sino antes bien todo lo contrario», añadió.Los presentes acompañaron las rúbricas con un escrito en el que piden a los responsables del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) - en cuyo registro presentaron dichas firmas-, que no dé su beneplácito al informe presentado por el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) para llevar a cabo tal eliminación. En dicho informe se explica la intención estatal de remodelar el mapa judicial nacional, lo que supondrá el traslado de las labores de los partidos judiciales de Lerma, Salas, Briviesca y Villarcayo a los ya existentes en Miranda, Aranda y Burgos.Por ello, piden a los responsables del Tribunal Judicial que no den el visto bueno a esta medida, «ya que como afirmó el propio ministro de Justicia, Alberto Gallardón, no basarán su decisión sólo en la decisión del CGPJ, sino que hay también una comisión de expertos estudiando las peculiaridades de cada zona», comentó el abogado briviescano, Álvaro. López. Desde que semanas atrás se diera a conocer esta intención del Gobierno Central, numerosas asociaciones vecinales y de profesionales mostraron su malestar por esta medida, «que supondrá la pérdida de este servicio, en el caso de Briviesca por ejemplo, para un grueso poblacional de más de 60.000 personas, así como un grave trastorno para el desarrollo normal de numerosos procesos y tramitaciones», explicaba el presidente de la Asociación de Empresarios de Salas, Álvaro Contreras.De igual opinión se mostraba desde la Cámara de Comercio de Briviesca, su presidente José Ramón Temiño, quien recalcaba la necesidad de que «para lograr la eficiencia y el mejor servicio posible, lo que debe hacerse es repartir el trabajo y no saturarlo más, ya que los tres juzgados que van a dejar en Burgos, Miranda y Aranda ya están de por sí desbordados, como para que además les carguen con la actividad de los otros cuatro restantes, que de por sí ya contaban con un volumen de actividad también importante», recalcó. «De esta forma, sólo se va a lograr eternizar en el tiempo los procesos judiciales», añadió. Destacan además, «el contrasentido» que supone que en Briviesca se tenga la intención de cerrar el juzgado «cuando está a punto de inaugurarse un edificio destinado a nuevo juzgado, al que se dedicó más de un millón de euros», recordaba el alcalde briviescano, José María Ortiz.Otro de los alcaldes presentes fue Marta Pilar Arroyo, alcaldesa de Salas, quien explicó que con su presencia en Burgos reafirmaba el apoyo del Consistorio a esta iniciativa. «El Estado parece buscar la ruina del mundo rural, ya que en el caso de los salenses, éstos deberán acudir a Miranda o a Burgos, cuando las comunicaciones dejan bastante que desear en el entorno de Salas», reprochó.Por su parte, los profesionales de la abogacía calificaron la situación «de absurda», sobre todo al coincidir en el tiempo con la reordenación territorial que el Estado está llevando a cabo en la actualidad. De hecho, el abogado lermeño Juan Manuel de la Villa, advirtió de la alta posibilidad que existe «de que una misma localidad pueda estar incluida por situación geográfica en dos partidos judiciales diferentes», criticó. Por ello pidió que antes de cambiar la Ley de Planta se haga la reorganización de las entidades locales, «y se reconsidere esta medida con la que se anulas servicios fundamentales»

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